CONAIPD
Nuevo Presidente del CONAIPD

Nuevo Presidente del CONAIPD

Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano "Presi...

Presidente Salvador Sánchez Cerén juramentó a consejales  ante el Pleno del CONAIPD periodo 2017-2019

Presidente Salvador Sánchez Cerén juramentó a consejales ante el Pleno del CONAIPD periodo 2017-2019

El Presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Cerén,  juramentó el pasado martes ...

QUE NADIE SE QUEDE FUERA DEL CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS

QUE NADIE SE QUEDE FUERA DEL CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS

DICIEMBRE 3, DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE NADIE SE ...

Buenas Practicas

Buenas Practicas

Magistrados del IAIP junto a Oficial de Informacion y la Oficial de Gestion Documental (Ad H...

Informacion Publica

Informacion Publica

Accesa a nuestra pagina web y utiliza la herramienta GOBIERNO ABIERTO, alli se puede co...

Inicio > Documentos de Interes > Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Vota este articulo
(6 votos)

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Preámbulo

Los Estados Partes en la presente Convención,

a)       Recordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas que proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento  de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,

b)       Reconociendo  que las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales  de Derechos Humanos, han reconocido y proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos instrumentos,  sin distinción de ninguna índole,

c)       Reafirmando  la universalidad,  indivisibilidad,  interdependencia  e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales,  así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad  los ejerzan plenamente y sin discriminación,

d)       Recordando el Pacto Internacional  de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional  sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación  Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación  contra la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,  la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional  sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares,

e)       Reconociendo  que la discapacidad  es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación  plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás,

f)        Reconociendo la importancia que revisten los principios y las directrices de política que figuran en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad como factor en la promoción, la formulación y la evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel nacional, regional e internacional destinados a dar una mayor igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad,

g)       Destacando la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad  como parte integrante de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible,

h)       Reconociendo  también que la discriminación  contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano,

i)        Reconociendo  además la diversidad de las personas con discapacidad,

j)        Reconociendo  la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad,  incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso,

k)       Observando con preocupación  que, pese a estos diversos instrumentos  y actividades, las personas con discapacidad  siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del mundo,

l)        Reconociendo  la importancia de la cooperación internacional  para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad  en todos los países, en particular en los países en desarrollo,

m)      Reconociendo  el valor de las contribuciones  que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad  al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades,  y que la promoción del pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales  por las personas con discapacidad  y de su plena participación  tendrán como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances significativos  en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en la erradicación de la pobreza,

n)       Reconociendo  la importancia que para las personas con discapacidad  reviste su autonomía e independencia  individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones,

o)       Considerando  que las personas con discapacidad  deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente,

p)       Preocupados  por la difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad  que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación  por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición,

q)       Reconociendo  que las mujeres y las niñas con discapacidad  suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación,

r)       Reconociendo  también que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales  en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y recordando las obligaciones  que a este respecto asumieron los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño,

s)       Subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales  por las personas con discapacidad,

t)        Destacando el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad  viven en condiciones de pobreza y reconociendo,  a este respecto, la necesidad fundamental  de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las personas con discapacidad,

u)       Teniendo presente que, para lograr la plena protección de las personas con discapacidad,  en particular durante los conflictos armados y la ocupación extranjera, es indispensable  que se den condiciones de paz y seguridad basadas en el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y se respeten los instrumentos  vigentes en materia de derechos
humanos,

v)       Reconociendo  la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones,  para que las personas con discapacidad  puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales,

w)      Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones  respecto a otras personas y a la comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad de procurar, por todos los medios, que se promuevan y respeten los derechos reconocidos en la Carta Internacional  de Derechos Humanos,

x)       Convencidos  de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental  de la sociedad y tiene derecho a recibir protección de ésta y del Estado, y de que las personas con discapacidad  y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad  gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones,

y)       Convencidos  de que una convención internacional  amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad  contribuirá significativamente  a paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad  y promoverá su participación,  con igualdad de oportunidades,  en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados,

Convienen en lo siguiente:

Artículo 1

Propósito

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales  por todas las personas con discapacidad,  y promover el respeto de su dignidad inherente.

Las personas con discapacidad  incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación  plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 2

Definiciones

A los fines de la presente Convención:

La “comunicación”  incluirá los lenguajes, la visualización  de textos, el Braille, la comunicación  táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos  o alternativos de comunicación,  incluida la tecnología de la información y las comunicaciones  de fácil acceso;

Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación  no verbal;

Por “discriminación  por motivos de discapacidad”  se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad  que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento,  goce o ejercicio, en igualdad de condiciones,  de todos los derechos humanos y libertades fundamentales  en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación,  entre ellas, la denegación de ajustes razonables;

Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones  y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada  o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad  el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;

Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.  El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad,  cuando se necesiten.

Artículo 3

Principios generales

Los principios de la presente Convención serán:

a)       El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia  de las personas;

b)       La no discriminación;

c)       La participación  e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

d)       El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad  como parte de la diversidad y la condición humanas;

e)       La igualdad de oportunidades;

f)        La accesibilidad;

g)       La igualdad entre el hombre y la mujer;

h)       El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad  y de su derecho a preservar su identidad.

Artículo 4

Obligaciones  generales

1.       Los Estados Partes se comprometen  a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales  de las personas con discapacidad  sin discriminación  alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen  a:

a)       Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas  y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

b)       Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación  contra las personas con discapacidad;

c)       Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;

d)       Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles  con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;

e)       Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización  o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;

f)        Emprender o promover la investigación  y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones  de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención,  que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad,  promover su disponibilidad  y uso, y
promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices;

g)       Emprender o promover la investigación  y el desarrollo, y promover la disponibilidad  y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;

h)       Proporcionar  información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones  de apoyo;

i)        Promover la formación de los profesionales  y el personal que trabajan con personas con discapacidad  respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención,  a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados  por esos derechos.

2.       Con respecto a los derechos económicos,  sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen  a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional,  para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.

3.       En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad,  los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad,  incluidos los niños y las niñas con discapacidad,  
a través de las organizaciones  que las representan.

4.       Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones  que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad  y que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en vigor en dicho Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades
fundamentales  reconocidos o existentes en los Estados Partes en la presente Convención de conformidad  con la ley, las convenciones  y los convenios, los reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en la presente Convención no se reconocen esos derechos o libertades o se reconocen en menor medida.

5.       Las disposiciones  de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.

Artículo 5

Igualdad y no discriminación

1.       Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin
discriminación  alguna.

2.       Los Estados Partes prohibirán toda discriminación  por motivos de discapacidad  y garantizarán a todas las personas con discapacidad  protección legal igual y efectiva contra la discriminación  por cualquier motivo.

3.       A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación,  los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.

4.       No se considerarán  discriminatorias,  en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.

Artículo 6

Mujeres con discapacidad

1.       Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación  y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

2.       Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales  establecidos en la presente Convención.

Artículo 7

Niños y niñas con discapacidad

1.       Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad  gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales  en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.

2.       En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad,  una consideración  primordial será la protección del interés superior del niño.

3.       Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad  tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad  y edad para
poder ejercer ese derecho.

Artículo 8

Toma de conciencia

1.       Los Estados Partes se comprometen  a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:

a)       Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad  y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas;

b)       Luchar contra los estereotipos,  los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad,  incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida;

c)       Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad.

2.       Las medidas a este fin incluyen:

a)       Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a:

i)        Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad;

ii)       Promover percepciones  positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad;

iii)     Promover el reconocimiento  de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad  y de sus aportaciones  en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral;

b)       Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad;

c)       Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación  a que difundan una imagen de las personas con discapacidad  que sea compatible con el propósito de la presente Convención;

d)       Promover programas de formación sobre sensibilización  que tengan en cuenta a las personas con discapacidad  y los derechos de estas personas.

Artículo 9

Accesibilidad

1.       A fin de que las personas con discapacidad  puedan vivir en forma independiente  y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad,  en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones,  incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones,  y a otros servicios e instalaciones  abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación  y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a)       Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones  médicas y lugares de trabajo;

b)       Los servicios de información,  comunicaciones  y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.

2.       Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:

a)       Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad  de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;

b)       Asegurar que las entidades privadas que proporcionan  instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad  para las personas con discapacidad;

c)       Ofrecer formación a todas las personas involucradas  en los problemas de accesibilidad  a que se enfrentan las personas con discapacidad;

d)       Dotar a los edificios y otras instalaciones  abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;

e)       Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales  de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones  abiertas al público;

f)        Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad  para asegurar su acceso a la información;

g)       Promover el acceso de las personas con discapacidad  a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones,  incluida Internet;

h)       Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones  accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.

Artículo 10

Derecho a la vida

Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad  en igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 11

Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias

Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades  que les corresponden  con arreglo al derecho internacional,  y en concreto el derecho internacional  humanitario y el derecho internacional  de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad  en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de
conflicto armado, emergencias humanitarias  y desastres naturales.

Artículo 12

Igual reconocimiento  como persona ante la ley

1.       Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad  tienen derecho en todas partes al reconocimiento  de su personalidad jurídica.

2.       Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad  tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

3.       Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad  al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

4.       Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen  salvaguardias  adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias  asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales  y adaptadas a las circunstancias  de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente  e imparcial. Las salvaguardias  serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.

 5.       Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad,  en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades  de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad  no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.

Artículo 13

Acceso a la justicia

1.       Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad  tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento  y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes  directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación  y otras etapas preliminares.

2.       A fin de asegurar que las personas con discapacidad  tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración  de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.

Artículo 14

Libertad y seguridad de la persona

1.       Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad,  en igualdad de condiciones con las demás:

a)       Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona;

b)       No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente  y que cualquier privación de libertad sea de conformidad  con la ley, y que la existencia de una discapacidad  no justifique en ningún caso una privación de la libertad.

2.       Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad  que se vean privadas de su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones con las demás, derecho a garantías de conformidad  con el derecho internacional  de los derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención,  incluida la realización de ajustes razonables.

Artículo 15

Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

1.       Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre consentimiento  .

2.       Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo,  judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad,  en igualdad de condiciones con las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 16

Protección contra la explotación, la violencia y el abuso

1.       Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo,  social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad,  tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados  con el género.

2.       Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad  y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando  información y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso. Los Estados Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad.

3.       A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados Partes asegurarán que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapacidad  sean supervisados efectivamente  por autoridades independientes.

4.       Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación  física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación  y la reintegración  social de las personas con discapacidad  que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección. Dicha recuperación  e integración tendrán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad.

5.       Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.

Artículo 17

Protección de la integridad personal

Toda persona con discapacidad  tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 18

Libertad de desplazamiento  y nacionalidad

1.       Los Estados Partes reconocerán el derecho de las personas con discapacidad  a la libertad de desplazamiento,  a la libertad para elegir su residencia y a una nacionalidad,  en igualdad de condiciones con las demás, incluso asegurando que las personas con discapacidad:

a)       Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser privadas de la suya de manera arbitraria o por motivos de discapacidad;

b)       No sean privadas, por motivos de discapacidad,  de su capacidad para obtener, poseer y utilizar documentación  relativa a su nacionalidad u otra documentación  de identificación,  o para utilizar procedimientos  pertinentes, como el procedimiento  de inmigración,  que puedan ser necesarios para facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de desplazamiento;

c)       Tengan libertad para salir de cualquier país, incluido el propio;

d)       No se vean privadas, arbitrariamente  o por motivos de discapacidad,  del derecho a entrar en su propio país.

2.       Los niños y las niñas con discapacidad  serán inscritos inmediatamente después de su nacimiento y tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser atendidos por ellos.

Artículo 19

Derecho a vivir de forma independiente  y a ser incluido en la comunidad

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad  a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad  y su plena inclusión y participación  en la comunidad, asegurando en especial que:

a)       Las personas con discapacidad  tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;

b)       Las personas con discapacidad  tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria,  residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;

c)       Las instalaciones  y los servicios comunitarios  para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad  y tengan en cuenta sus necesidades.

Artículo 20

Movilidad personal

Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad   gocen de movilidad personal con la mayor independencia  posible, entre ellas:

a)       Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad  en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;

b)       Facilitar el acceso de las personas con discapacidad  a formas de asistencia humana o animal e intermediarios,  tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;

c)       Ofrecer a las personas con discapacidad  y al personal especializado que trabaje con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;

d)       Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.

Artículo 21

Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad  puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación  que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la
presente Convención, entre ellas:

a)       Facilitar a las personas con discapacidad  información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;

b)       Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos  y alternativos de comunicación  y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación  accesibles que elijan las personas con discapacidad  en sus relaciones oficiales;

c)       Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen  información y servicios en formatos que las personas con discapacidad  puedan utilizar y a los que tengan acceso;

d)       Alentar a los medios de comunicación,  incluidos los que suministran información a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad;

e)       Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas.

Artículo 22

Respeto de la privacidad

1.       Ninguna persona con discapacidad,  independientemente de cuál sea su lugar de residencia o su modalidad de convivencia,  será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia  o cualquier otro tipo de comunicación,  o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. Las personas con discapacidad  tendrán derecho a ser protegidas por la ley frente a dichas injerencias o agresiones.

2.       Los Estados Partes protegerán la privacidad de la información personal y relativa a la salud y a la rehabilitación  de las personas con discapacidad  en igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 23

Respeto del hogar y de la familia

1.       Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación  contra las personas con discapacidad  en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad  estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que:

a)       Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad  en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento  libre y pleno de los futuros cónyuges;

b)       Se respete el derecho de las personas con discapacidad  a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información,  educación sobre reproducción  y planificación  familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos
derechos;

c)       Las personas con discapacidad,  incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás.

2.       Los Estados Partes garantizarán los derechos y obligaciones  de las personas con discapacidad  en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de niños o instituciones  similares, cuando esos conceptos se recojan en la legislación nacional; en todos los casos se velará al máximo por el interés superior del niño. Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad  para el desempeño de sus responsabilidades  en la crianza de los hijos.

3.       Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los niños y las niñas con discapacidad,  los Estados Partes velarán por que se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad  y a sus familias.

4.       Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de sus padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen judicial, determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos  aplicables, que esa separación es necesaria en el interés superior del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de una discapacidad  del menor, de ambos padres o de uno de ellos.

5.       Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un niño con discapacidad,  por proporcionar  atención alternativa dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar.

Artículo 24

Educación

1.       Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación  y sobre la base de la igualdad de oportunidades,  los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:

a)       Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales  y la diversidad humana;

b)       Desarrollar al máximo la personalidad,  los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad,  así como sus aptitudes mentales y físicas;

c)       Hacer posible que las personas con discapacidad  participen de manera efectiva en una sociedad libre.

2.       Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:

a)       Las personas con discapacidad  no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad,  y que los niños y las niñas con discapacidad  no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;

b)       Las personas con discapacidad  puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;

c)       Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;

d)       Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad,  en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;

e)       Se faciliten medidas de apoyo personalizadas  y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

3.       Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad  la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación  plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:

a)       Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos,  medios y formatos de comunicación  aumentativos  o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;

b)       Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas;

c)       Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación  más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.

4.       A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad,  que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales  y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad  y el uso de modos, medios y formatos de comunicación  aumentativos  y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.

5.       Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad  tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación  y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.

Artículo 25

Salud

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad  tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación  por motivos de discapacidad.  Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad  a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:

a)       Proporcionarán  a las personas con discapacidad  programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva,  y programas de salud pública dirigidos a la población;

b)       Proporcionarán  los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente  como consecuencia  de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención,  cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades,  incluidos los niños y las niñas y las personas mayores;

c)       Proporcionarán  esos servicios lo más cerca posible de las comunidades  de las personas con discapacidad,  incluso en las zonas rurales;

d)       Exigirán a los profesionales  de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento  libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización  respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación  de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado;

e)       Prohibirán la discriminación  contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación nacional, y velarán por que esos seguros se presten de manera justa y razonable;

f)        Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria,  servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.

Artículo 26

Habilitación y rehabilitación

1.       Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias,  para que las personas con discapacidad  puedan lograr y mantener la máxima independencia,  capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación  plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes
organizarán, intensificarán  y ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación,  en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas:

a)          Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinar  de las necesidades y capacidades de la persona;

b)          Apoyen la participación  e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas rurales.

2.       Los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y continua para los profesionales  y el personal que trabajen en los servicios de habilitación y rehabilitación.

3.       Los Estados Partes promoverán la disponibilidad,  el conocimiento  y el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad,  a efectos de habilitación y rehabilitación.

Artículo 27

Trabajo y empleo

1.       Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad.  Los Estados Partes
salvaguardarán  y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad  durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación  de legislación, entre ellas:

a)       Prohibir la discriminación  por motivos de discapacidad  con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;

b)       Proteger los derechos de las personas con discapacidad,  en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades  y de remuneración  por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;

c)       Asegurar que las personas con discapacidad  puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;

d)       Permitir que las personas con discapacidad  tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua;

e)       Alentar las oportunidades  de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad  en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento  del empleo y retorno al mismo;

f)        Promover oportunidades  empresariales,  de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas  y de inicio de empresas propias;

g)       Emplear a personas con discapacidad  en el sector público;

h)       Promover el empleo de personas con discapacidad  en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas;

i)        Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad  en el lugar de trabajo;

j)        Promover la adquisición por las personas con discapacidad  de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto;

k)       Promover programas de rehabilitación  vocacional y profesional, mantenimiento  del empleo y reincorporación  al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.

2.       Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad  no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio.

Artículo 28

Nivel de vida adecuado y protección social

1.       Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación,  vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar  y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación  por motivos de discapacidad.

2.       Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación  por motivos de discapacidad,  y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas:

a)          Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad  a servicios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole adecuados a precios asequibles para atender las necesidades relacionadas con su discapacidad;

b)          Asegurar el acceso de las personas con discapacidad,  en particular las mujeres y niñas y las personas mayores con discapacidad,  a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza;

c)          Asegurar el acceso de las personas con discapacidad  y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados  con su discapacidad,  incluidos capacitación, asesoramiento,  asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados;

d)          Asegurar el acceso de las personas con discapacidad  a programas de vivienda pública;

e)          Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad  a programas y beneficios de jubilación.

Artículo 29

Participación  en la vida política y pública

Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad  los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán  a:

a)          Asegurar que las personas con discapacidad  puedan participar plena y efectivamente  en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente  o a través de representantes  libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad  a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:

i)        La garantía de que los procedimientos,  instalaciones  y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;

ii)       La protección del derecho de las personas con discapacidad  a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación,  y a presentarse efectivamente  como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;

iii)     La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad  como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar;

b)          Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad  puedan participar plena y efectivamente  en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación  y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación  en los asuntos públicos y, entre otras cosas:

i)        Su participación en organizaciones  y asociaciones  no gubernamentales  relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración  de los partidos políticos;

ii)       La constitución de organizaciones  de personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional,  nacional, regional y local, y su incorporación  a dichas organizaciones.

Artículo 30

Participación  en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento  y el deporte

1.       Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad:

a)          Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;

b)          Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles;

c)          Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones  o servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos  y lugares de importancia cultural nacional.

2.       Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad  puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también para el enriquecimiento  de la sociedad.

3.       Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes, de conformidad con el derecho internacional,  a fin de asegurar que las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual no constituyan una barrera excesiva o discriminatoria  para el acceso de las personas con discapacidad  a materiales culturales.

4.       Las personas con discapacidad  tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento  y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos.

5.       A fin de que las personas con discapacidad  puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento  y deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para:

a)          Alentar y promover la participación,  en la mayor medida posible, de las personas con discapacidad  en las actividades deportivas generales a todos los niveles;

b)          Asegurar que las personas con discapacidad  tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados;

c)          Asegurar que las personas con discapacidad  tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;

d)          Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad  tengan igual acceso con los demás niños y niñas a la participación  en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento  y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar;

e)          Asegurar que las personas con discapacidad  tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organización  de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento  y deportivas.

Artículo 31

Recopilación de datos y estadísticas

1.       Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación,  que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención. En el proceso de recopilación y mantenimiento  de esta información se deberá:

a)          Respetar las garantías legales establecidas,  incluida la legislación sobre protección de datos, a fin de asegurar la confidencialidad  y el respeto de la privacidad de las personas con discapacidad;

b)          Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales,  así como los principios éticos en la recopilación y el uso de estadísticas.

2.       La información recopilada de conformidad con el presente artículo se desglosará, en su caso, y se utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento por los Estados Partes de sus obligaciones  conforme a la presente Convención, así como para identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan las personas con discapacidad  en el ejercicio de sus derechos.

3.       Los Estados Partes asumirán la responsabilidad  de difundir estas estadísticas y asegurar que sean accesibles para las personas con discapacidad  y otras personas.

Artículo 32

Cooperación  internacional

1.       Los Estados Partes reconocen la importancia de la cooperación internacional  y su promoción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito y los objetivos de la presente Convención,  y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este respecto, entre los Estados y, cuando corresponda,  en asociación con las organizaciones  internacionales  y regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular organizaciones  de personas con discapacidad.  Entre esas medidas cabría incluir:

a)          Velar por que la cooperación internacional,  incluidos los programas de desarrollo internacionales,  sea inclusiva y accesible para las personas con discapacidad;

b)          Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, incluso mediante el intercambio y la distribución de información, experiencias,  programas de formación y prácticas recomendadas;

c)          Facilitar la cooperación en la investigación  y el acceso a conocimientos  científicos y técnicos;

d)          Proporcionar,  según corresponda,  asistencia apropiada, técnica y económica, incluso facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de asistencia y compartiendo  esas tecnologías, y mediante su transferencia.

2.       Las disposiciones  del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las obligaciones que incumban a cada Estado Parte en virtud de la presente Convención.

Artículo 33

Aplicación y seguimiento nacionales

1.       Los Estados Partes, de conformidad  con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente Convención y considerarán detenidamente  la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación  para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles.

2.       Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán,  a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención. Cuando designen o establezcan esos mecanismos,  los Estados Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento  de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos.

3.       La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad  y las organizaciones  que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento.

Artículo 34

Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad

1.       Se creará un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, “el Comité”) que desempeñará las funciones que se enuncian a continuación.

2.       El Comité constará, en el momento en que entre en vigor la presente Convención,  de 12 expertos. Cuando la Convención obtenga otras 60 ratificaciones  o adhesiones, la composición  del Comité se incrementará  en seis miembros más, con lo que alcanzará un máximo de 18 miembros.

3.       Los miembros del Comité desempeñarán  sus funciones a título personal y serán personas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia en los temas a que se refiere la presente Convención.  Se invita a los Estados Partes a que, cuando designen a sus candidatos, tomen debidamente en consideración  la disposición que se enuncia en el párrafo 3 del artículo 4 de la presente Convención.

4.       Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes, que tomarán en consideración  una distribución geográfica equitativa, la representación  de las diferentes formas de civilización y los principales ordenamientos  jurídicos, una representación de género equilibrada y la participación de expertos con discapacidad.

5.       Los miembros del Comité se elegirán mediante voto secreto de una lista de personas designadas por los Estados Partes de entre sus nacionales en reuniones de la Conferencia  de los Estados Partes. En estas reuniones, en las que dos tercios de los Estados Partes constituirán quórum, las personas elegidas para el Comité serán las que obtengan el mayor número de votos y una mayoría absoluta de votos de los representantes  de los Estados Partes presentes y votantes.

6.       La elección inicial se celebrará antes de que transcurran seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención.  Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que presenten sus candidatos en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará después una lista en la que figurarán, por orden alfabético, todas las personas así propuestas, con indicación de los Estados Partes que las hayan propuesto, y la comunicará a los Estados Partes en la presente Convención.

7.       Los miembros del Comité se elegirán por un período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el mandato de seis de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente  después de la primera elección, los nombres de esos seis miembros serán sacados a suerte por el presidente de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 5 del presente artículo.

8.       La elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de las elecciones ordinarias, de conformidad  con las disposiciones  pertinentes del presente artículo.

9.       Si un miembro del Comité fallece, renuncia o declara que, por alguna otra causa, no puede seguir desempeñando  sus funciones, el Estado Parte que lo propuso designará otro experto que posea las cualificaciones  y reúna los requisitos previstos en las disposiciones  pertinentes del presente artículo para ocupar el puesto durante el resto del mandato.

10.     El Comité adoptará su propio reglamento.

11.     El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará  el personal y las instalaciones  que sean necesarios para el efectivo desempeño de las funciones del Comité con arreglo a la presente Convención y convocará su reunión inicial.

12.     Con la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los miembros del Comité establecido en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos  con cargo a los recursos de las Naciones Unidas en los términos y condiciones que la Asamblea General decida, tomando en consideración  la importancia de las responsabilidades  del Comité.

13.     Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e inmunidades  quese conceden a los expertos que realizan misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas  e Inmunidades  de las Naciones Unidas.

Artículo 35

Informes presentados por los Estados Partes

1.       Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones  conforme a la presente Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de la presente Convención en el Estado Parte de que se trate.

2.       Posteriormente,  los Estados Partes presentarán informes ulteriores al menos cada cuatro años y en las demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.

3.       El Comité decidirá las directrices aplicables al contenido de los informes.

4.       El Estado Parte que haya presentado un informe inicial exhaustivo al Comité no tendrá que repetir, en sus informes ulteriores, la información previamente facilitada. Se invita a los Estados Partes a que, cuando preparen informes para el Comité, lo hagan mediante un procedimiento  abierto y transparente y tengan en cuenta debidamente  lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4 de la presente Convención.

5.       En los informes se podrán indicar factores y dificultades que afecten al grado de cumplimiento  de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención.

Artículo 36

Consideración  de los informes

1.       El Comité considerará todos los informes, hará las sugerencias y las recomendaciones  que estime oportunas respecto a ellos y se las remitirá al Estado Parte de que se trate. Éste podrá responder enviando al Comité cualquier información que desee. El Comité podrá solicitar a los Estados Partes más información con respecto a la aplicación de la presente Convención.

2.       Cuando un Estado Parte se haya demorado considerablemente  en la presentación de un informe, el Comité podrá notificarle la necesidad de examinar la aplicación de la presente Convención en dicho Estado Parte, sobre la base de información fiable que se ponga a disposición del Comité, en caso de que el informe pertinente no se presente en un plazo de tres meses desde la notificación.  El Comité invitará al Estado Parte interesado a participar en dicho examen. Si el Estado Parte respondiera presentando el informe pertinente, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3.       El Secretario General de las Naciones Unidas pondrá los informes a disposición de todos los Estados Partes.

4.       Los Estados Partes darán amplia difusión pública a sus informes en sus propios países y facilitarán el acceso a las sugerencias y recomendaciones generales sobre esos informes.

5.       El Comité transmitirá, según estime apropiado, a los organismos especializados,  los fondos y los programas de las Naciones Unidas, así como a otros órganos competentes,  los informes de los Estados Partes, a fin de atender una solicitud o una indicación de necesidad de asesoramiento  técnico o asistencia que figure en ellos, junto con las observaciones y recomendaciones del Comité, si las hubiera, sobre esas solicitudes o indicaciones.

Artículo 37

Cooperación entre los Estados Partes y el Comité

1.       Los Estados Partes cooperarán con el Comité y ayudarán a sus miembros a cumplir su mandato.

2.       En su relación con los Estados Partes, el Comité tomará debidamente en consideración medios y arbitrios para mejorar la capacidad nacional de aplicación de la presente Convención, incluso mediante la cooperación internacional.

Artículo 38

Relación del Comité con otros órganos

A fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente Convención y de estimular la cooperación internacional  en el ámbito que abarca:

a)       Los organismos especializados  y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados  en el examen de la aplicación de las disposiciones  de la presente Convención que entren dentro de su mandato. El Comité podrá invitar también a los organismos especializados  y a otros órganos competentes que considere apropiados a que proporcionen  asesoramiento especializado  sobre la aplicación de la Convención en los ámbitos que entren dentro de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos especializados  y a otros órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de la Convención en las esferas que entren dentro de su ámbito de actividades;

b)       Al ejercer su mandato, el Comité consultará, según proceda, con otros órganos pertinentes instituidos en virtud de tratados internacionales  de derechos humanos, con miras a garantizar la coherencia de sus respectivas directrices de presentación  de informes, sugerencias y recomendaciones generales y a evitar la duplicación y la superposición  de tareas en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 39

Informe del Comité

El Comité informará cada dos años a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones  de carácter general basadas en el examen de los informes y datos recibidos de los Estados Partes en la Convención.  Esas sugerencias y recomendaciones  de carácter general se incluirán en el informe del Comité, junto con los comentarios,  si los hubiera, de los Estados Partes.

Artículo 40

Conferencia de los Estados Partes

1.       Los Estados Partes se reunirán periódicamente  en una Conferencia de los Estados Partes, a fin de considerar todo asunto relativo a la aplicación de la presente Convención.

2.       El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados Partes en un plazo que no superará los seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Convención.  Las reuniones ulteriores, con periodicidad bienal o cuando lo decida la Conferencia de los Estados Partes, serán convocadas por el Secretario General.

Artículo 41

Depositario

El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente Convención.

Artículo 42

Firma

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados y las organizaciones  regionales de integración en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007.

Artículo 43

Consentimiento  en obligarse

La presente Convención estará sujeta a la ratificación de los Estados signatarios y a la confirmación  oficial de las organizaciones  regionales de integración signatarias. Estará abierta a la adhesión de cualquier Estado u organización  regional de integración que no la haya firmado.

Artículo 44

Organizaciones  regionales de integración

1.       Por “organización  regional de integración” se entenderá una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada  a la que sus Estados miembros hayan transferido competencia  respecto de las cuestiones regidas por la presente Convención.  Esas organizaciones  declararán, en sus instrumentos  de confirmación  oficial o adhesión, su grado de competencia  con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención.  Posteriormente, informarán al depositario de toda modificación  sustancial de su grado de competencia.

2.       Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo a la presente Convención serán aplicables a esas organizaciones  dentro de los límites de su competencia.

3.       A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 45 y en los párrafos 2 y 3 del artículo 47 de la presente Convención,  no se tendrá en cuenta ningún instrumento depositado por una organización  regional de integración.

4.       Las organizaciones  regionales de integración, en asuntos de su competencia,  ejercerán su derecho de voto en la Conferencia de los Estados Partes, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en la presente Convención.  Dichas organizaciones  no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.

Artículo 45

Entrada en vigor

1.       La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión.

2.       Para cada Estado y organización  regional de integración que ratifique la Convención, se adhiera a ella o la confirme oficialmente una vez que haya sido depositado el vigésimo instrumento a sus efectos, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado su propio instrumento.

Artículo 46

Reservas

1.       No se permitirán reservas incompatibles  con el objeto y el propósito de la presente Convención.

2.       Las reservas podrán ser retiradas en cualquier momento.

Artículo 47

Enmiendas

1.       Los Estados Partes podrán proponer enmiendas a la presente Convención y presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos un tercio de los Estados Partes se declara a favor de tal convocatoria,  el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación y posteriormente a los Estados Partes para su aceptación.

2.       Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que había en la fecha de adopción de la enmienda. Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para todo Estado Parte el trigésimo día a partir de aquel en que hubiera depositado su propio instrumento de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente para los Estados Partes que las hayan aceptado.

3.       En caso de que así lo decida la Conferencia de los Estados Partes por consenso, las enmiendas adoptadas y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo que guarden relación exclusivamente  con los artículos 34, 38, 39 y 40 entrarán en vigor para todos los Estados Partes el trigésimo día a partir de aquel en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que hubiera en la fecha de adopción de la enmienda.

Artículo 48

Denuncia

Los Estados Partes podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
La denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario General haya recibido la notificación.

Artículo 49

Formato accesible

El texto de la presente Convención se difundirá en formatos accesibles.

Artículo 50

Textos auténticos

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la presente Convención serán igualmente auténticos.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención.

Ultima modificacion el Lunes, 30 de Julio de 2012 13:11
Banner
CONAIPD
República de El Salvador, C. A
Poligono Industrial Plan de la Laguna, C. Circunvalacion, Lote # 20 Antiguo Cuscatlan, La Libertad.
Tels. PBX : 2511-6700 FAX : 2511-6712    E-mail: recepcion@conaipd.gob.sv